Ha consumido España, casi entero, el siglo que acaba de expirar en cosa tan
sencilla, al parecer, como desarraigar de su suelo el régimen de la
monarquía absoluta.
Tentados y favorecidos por un hecho accidental, la abdicación de
Bayona y la invasión napoleónica en la Península, pudieron ya en 1812 sus
representantes consignar en un Código que la «nación es libre, entendiendo
por nación la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios; que no
puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona, y que la soberanía
reside esencialmente en ella».1 Por desgracia, semejantes declaraciones no
expresaban una convicción nacional tan viva y tan unánime como habría
sido menester para que prosperasen y causaran estado; y fueron menester
sesenta años de revoluciones y de guerras civiles para que otras Cortes
Constituyentes, las de 1869, volviesen a escribir en otra Constitución que
«la soberanía reside esencialmente en la nación, de la cual emanan todos los
poderes»2
. Todavía con eso no se había cerrado la serie de acciones y de
reacciones que llena la historia de aquella malhadada centuria; y así, la
Restauración monárquica de 1874 hizo retroceder una vez más a la nación
en el camino de sus reivindicaciones contra el antiguo régimen monárquico.
Pero de entonces acá, el matiz doctrinario de aquella Constitución (1876),